Concurso de acreedores
¿Qué es un abogado concursal?
En este artículo vamos a hablar sobre los abogados concursales y los concursos de acreedores. Lo principal antes de ahondar un poco más en este tema es saber qué es exactamente un abogado concursal. Este perfil de profesional es el de alguien que, aunque resulte obvio, ha estudiado la carrera de Derecho y, posteriormente, se ha especializado en Derecho mercantil y, más concretamente, en Derecho Concursal. Un abogado concursal se dedica, aunque no tiene por qué ser de manera exclusiva, a solucionar y mediar en situaciones entre deudores y acreedores, pudiendo asesorar a una o ambas partes en diferentes temas y asuntos relacionados con el procedimiento.
La figura del abogado concursal es la de un profesional que ofrece asesoramiento legal en asuntos relacionados con la financiación de deudas, con las negociaciones extra-judiciales para liquidar deudas, con los concursos de acreedores, con empresas en quiebra, etc. Aunque no todos los abogados concursales lo hacen, es habitual que ejerzan también como administradores concursales en diferentes procedimientos.
¿En qué puede ayudar un abogado concursal?
Los abogados concursales abarcan las tareas de asesoramiento a ambas partes, es decir, tanto a deudores como a acreedores, mediando en muchas ocasiones para intentar llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes.
Contratar a un abogado concursal puede ser de gran ayuda para todas las partes implicadas en un proceso de concurso de acreedores. Por una parte, puede asesorar a los deudores a la hora de reestructurar y refinanciar sus deudas antes de la declaración del concurso de acreedores, mediante acuerdos de pago y refinanciaciones. También ejerce la representación y defensa de los deudores en los procedimientos concursales, encargándose de la redacción y presentación de la demanda del concurso y le representa ante el administrador concursal. El abogado concursal también elabora propuestas de acuerdo y negociación con los acreedores, además de asesorar a los socios y administradores de las sociedades en concurso.
Pero eso no es todo. El abogado concursal también asesora a la parte acreedora y les representa en las diferentes fases del proceso concursal que, como veremos más adelante, es un procedimiento bastante complejo y que suele alargarse en el tiempo. Aunque no es un plato de buen gusto para ninguna de las partes implicadas, en la inmensa mayoría de los casos es la parte acreedora la que sale peor parada. El abogado concursal también ejerce como mediador a la hora de negociar las propuestas de convenio con el administrador concursal del deudor, se encarga de defender los intereses de los acreedores frente a los del deudor y al administrador o socios de éste y puede impugnar algunas de las decisiones adoptadas por el administrador concursal del deudor, como la impugnación de la masa activa y pasiva, interponer recursos contra alguna de las decisiones tomadas por el juez a cargo del concurso, etc.
¿Qué es un concurso de acreedores?
Es relativamente frecuente escuchar alguna noticia relacionada con alguna empresa que ha entrado en concurso de acreedores, pero, ¿qué es realmente? A todos nos suena a algo malo, a una empresa que ha entrado en quiebra y no puede hacer frente a sus pagos. Un concurso de acreedores, también conocido como convocatoria de acreedores o concurso preventivo, es un procedimiento legal que surge cuando una persona física o jurídica incurre en una situación de insolvencia económica y, por lo tanto, no puede hacer frente al total de sus deudas pendientes. Dentro del concurso de acreedores también se encuentran las situaciones de quiebra y la suspensión de pagos. Es un proceso que suele prolongarse bastante en el tiempo y en el que es esencial contar con profesionales con soltura y pericia para poder hacer frente a la situación, ya que apostar por un equipo profesional podrá ser de gran ayuda a la hora de agilizar los trámites en la medida de lo posible (como ya hemos indicado, es un proceso largo y complejo), además de que se aumentan las garantías de conseguir una negociación satisfactoria y mejora el asesoramiento y la información que se obtiene durante todo el proceso.
Los concursos de acreedores pueden afectar tanto a autónomos y particulares como a empresas y sociedades mercantiles. Aunque la base en esencia sea similar, cada proceso tiene unos trámites concretos y presenta diferentes complicaciones a lo largo de su tramitación.
¿Qué pasa cuando una empresa entre en un concurso de acreedores?
Ya hemos comentado que esta situación se da cuando una empresa o empresario no puede afrontar sus deudas y se declara insolvente. Gracias al concurso de acreedores, se garantiza que los trabajadores cobren los sueldos pendientes, aunque este tema dependerá de las circunstancias, ya que cada caso es diferente. Cuando se inicia el procedimiento concursal, se analiza si el deudor puede afrontar parte o la totalidad de la deuda con su patrimonio. También puede darse el caso de que se llegue a algún tipo de acuerdo colectivo entre el deudor y los acreedores, con el objetivo de reducir el importe de la deuda o aplazar los pagos pendientes, de manera que se pueda alcanzar alguna solución consensuada por ambas partes.
El ordenamiento jurídico establece un mecanismo para poder repartir los bienes del deudor entre todos sus acreedores, ya sean trabajadores, proveedores, administración pública, etc., en función de las prioridades y los términos recogidos por la legislación. En la actualidad, los procesos concursales están regulados por la Ley 22/2003 de 9 de julio, aunque desde septiembre de 2020 está en vigor el Real Decreto Legislativo 01/2020 de 5 de mayo, que aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.
Una empresa o empresario puede declarar dos tipos de insolvencia: actual o inminente. En el caso de la insolvencia actual, la empresa ya no puede hacer frente a sus obligaciones económicas y, en el caso de la inminente, la empresa prevé que no va a poder cumplir dichas obligaciones de manera regular. También se considera que una empresa no puede cumplir con sus obligaciones económicas de manera regular si para ello tiene que recurrir a un endeudamiento sistemático, ya que es una situación que puede crear una falsa apariencia de solvencia, pero suele acarrear un incremento de la deuda a largo plazo, principalmente por el pago de intereses. La declaración del concurso de acreedores se debe realizar dentro de los dos meses posteriores a la fecha de reconocimiento del estado de insolvencia actual.
Para solicitar la declaración del concurso de acreedores, es obligatorio que la solicitud vaya firmada tanto por un procurador como por un abogado, y se debe presentar ante el Juzgado de lo Mercantil de la localidad donde se encuentre el domicilio social de la empresa. Los Juzgados de Primera Instancia también son competentes para tramitar los concursos de acreedores de personas físicas, siempre que no se traten de empresas.
Para poder solicitar la declaración del concurso de acreedores, se debe presentar toda la documentación que se considere necesaria para acreditar el estado de insolvencia que ha dado lugar a la solicitud, tales como cuentas y balances anuales, informes de auditorías, apremios de embargo, certificados de deuda con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, etc.
Además, existen una serie de documentos que se han de presentar con carácter obligatorio, como una memoria detallada del historial económico y jurídico de la empresa, un inventario de los bienes y derechos que conformen su patrimonio, una relación de acreedores, un listado de la plantilla de trabajadores, las cuentas anuales de los tres últimos años, los informes de auditorías, una memoria de los cambios significativos relativos al patrimonio posteriores a la presentación de las últimas cuentas anuales aprobadas y una memoria de las operaciones realizadas después de la presentación de dichas cuentas.
El concurso de acreedores puede ser voluntario o necesario. En el primer caso, se da cuando la solicitud de declaración del concurso de acreedores la presenta el propio deudor. Por otro lado, se considerará necesario si la solicitud la presenta alguno de los acreedores o un socio de la empresa que responda personalmente por las deudas contraídas.
Nos hemos estado refiriendo a empresas en todo el texto, pero no solo éstas pueden declararse en concurso de acreedores. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos la situación suele proceder de empresas, el procedimiento también se puede iniciar para particulares, e incluso en casos de herencias. En el caso de personas físicas, es más probable acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.
¿Cómo se declara un concurso de acreedores?
Siempre es recomendable estar bien asesorado cualquier ámbito de la vida, ya sea a nivel personal o profesional, pero ante una situación de insolvencia en la que haya que enfrentarse a un procedimiento de negociación o financiación de deuda, el asesoramiento profesional es de vital importancia. El procedimiento concursal suele ser largo y complejo, ya que consta de varias etapas.
En primer lugar, el empresario tiene la obligación de solicitar el concurso de acreedores cuando se encuentre en una situación de insolvencia actual o inminente, como hemos visto anteriormente. De no hacerlo, podría tener que enfrentarse a la declaración de culpabilidad del concurso, que también pueden iniciar los acreedores.
Es necesario hacer una evaluación de la masa activa y pasiva. ¿Qué significa esto? Pues que se tiene que realizar una tasación y estudio del patrimonio, de la capacidad económica y de la magnitud y tipo de las deudas contraídas por el deudor. A partir de ahí, se puede establecer un plan de acción para seguir con los pasos del proceso. En esencial rodearse de buenos profesionales a lo largo de toda la tramitación, por lo que encontrar un buen abogado concursal es esencial en este punto en el que se va a iniciar el procedimiento. En muchos casos, será necesario también recurrir a otro tipo de profesionales, como un experto financiero o un tasador, pero contar con un abogado concursal con experiencia y profesionalidad supondrá un salto cualitativo para todas las partes implicadas en una situación que no es agradable para ninguna de ellas.
Normalmente los acreedores son varios y es frecuente encontrarse ante la imposibilidad de que todos cobren el importe que se les adeuda, por lo que el proceso intenta ofrecer alternativas de pago, soluciones parciales para que todos los deudores perciban de manera equitativa una parte de la deuda, siempre respetando el orden legal de prelación de los créditos y, en el peor de los casos, se puede dar la liquidación del patrimonio del deudor para hacer frente al pago de las deudas.
También suele darse el caso de que se plantee una refinanciación de la deuda, una solución de segunda oportunidad, que está orientada a procurar la continuidad de la actividad económica de la empresa, para intentar así evitar el impacto social y económico que puede suponer la quiebra de una empresa, en especial la pérdida de puestos de trabajo. En esta situación, la figura del abogado concursal cobra aún más importancia si cabe, ya que suelen actuar como mediadores entre deudor y acreedores, con la capacidad de asesorar y orientar a ambas partes para conseguir la mejor solución posible para ambos dadas las circunstancias.
¿Qué fases tiene un concurso de acreedores?
Los concursos de acreedores se dividen en cuatro fases, aunque no tienen por qué concurrir todas, ya que cada concurso sigue unos cauces concretos y en algunos casos se puede evitar llegando a un acuerdo de refinanciación (normalmente se le denomina “preconcurso de acreedores”).
La primera fase son los actos previos, que es la solicitud de inicio del procedimiento, la acreditación documental de las circunstancias que han motivado la situación y los primeros pasos procesales, en las que se pueden solicitar medidas cautelares.
Después viene la fase común, que se inicia con la declaración del concurso en sí mismo y establece ciertas obligaciones tanto sobre el deudor como los acreedores, además de la relación jurídica entre ambos.
Posteriormente está la fase de resolución, que puede darse de dos maneras: por convenio, cuyo objetivo es llegar a un acuerdo entre ambas partes para facilitar el abono de las deudas, y la liquidación, es que la solución más desagradable, ya que consiste en liquidar el patrimonio del deudor para satisfacer, en la medida de lo posible, las deudas pendientes.
Hasta aquí esta explicación de las funciones del abogado concursal y el procedimiento de declaración de concurso de acreedores, insistiendo una vez más en la necesidad de contactar con profesionales para asesorar y guiar el proceso de la mejor manera posible.
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